
SEPTIEMBRE 18, 2025. LUIS RAMÍREZ PARA EL SOL DE MÉXICO.
Oaxaca, Oax., 18 de septiembre de 2025.- La diputada de Morena, Concepción Rueda Gómez, anunció que solicitará la destitución del presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, tras los suicidios de dos mujeres en los separos de la policía de ese municipio del Istmo de Tehuantepec. En tribuna, la legisladora recordó que el pasado fin de semana fue hallada sin vida Andrea, dentro de las instalaciones de la policía municipal. Tres años antes, Abigail Hay también murió en circunstancias similares en el mismo lugar. Esta situación nos preocupa profundamente, porque en ambos casos las familias siguen sin tener certeza ni respuestas. No subo a señalar culpables ni a emitir juicios irresponsables, pero es evidente la duda e indignación que estos hechos generan en la sociedad”, dijo Rueda Gómez. Criticó que ambas muertes ocurrieran bajo la misma administración municipal y exigió a Méndez Sosa transparencia, honestidad y certeza para las familias de las víctimas. También hizo un llamado enérgico a la Fiscalía de Oaxaca para que realice una investigación imparcial y sin simulaciones. El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que diez elementos de la policía municipal de Salina Cruz fueron presentados a declarar en torno a la muerte de Andrea Tamara. “No solo se da por actuación, también por omisión este tipo de situaciones, y ahí la aplicación de la ley será contundente. La responsabilidad es prácticamente de quien está al frente”, advirtió. Por su parte, el diputado priista Javier Casique Zárate pidió dejar atrás la inacción y la burocracia frente a estos hechos. Señaló que las cárceles municipales deben ser espacios de seguridad y respeto a los derechos humanos, no lugares donde los detenidos pierdan la vida. El legislador recordó que, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2024 se registraron más de 500 quejas relacionadas con tratos en centros de detención preventiva en todo el país. De ellas, al menos 15% correspondían a incidentes graves que terminaron en lesiones o muertes. “Los protocolos de vigilancia, la capacitación del personal, las revisiones periódicas de las celdas y el acceso a atención psicológica y médica no son opciones, son obligaciones”, advirtió.






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