Mundo oaxaca

OCTUBRE 13,2025.  MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ PARA EL ECONOMISTA.

El reciente informe del Independent Mexico Labor Expert Board (IMLEB) concluyó que México no está en pleno cumplimiento de sus obligaciones laborales bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y, a pesar de algunos avances, persisten limitaciones significativas en el ejercicio de la libertad sindical en el país. El IMLEB reconoce esfuerzos como la creación de nuevos tribunales laborales y el incremento salarial; no obstante, la falta de sanciones efectivas, los recortes presupuestales en áreas clave y la continua presencia de sindicatos de protección impiden una implementación real de las reformas laborales. Esta junta de expertos independientes, establecida por el Congreso de Estados Unidos, tiene la función de evaluar el cumplimiento de los compromisos laborales de México y asesorar al Comité Laboral Interagencial. Sus hallazgos son cruciales, ya que influyen directamente en la aplicación del capítulo laboral del T-MEC por parte de Estados Unidos. Cabe destacar que la publicación de este informe coincide con la preparación de Washington y la región para la revisión del T-MEC, por lo que dichos comentarios podrían tener un impacto considerable en la redefinición de la agenda laboral trilateral y en las condiciones de acceso al mercado norteamericano para México. “México ha cumplido formalmente con los plazos de la reforma, pero enfrenta desafíos profundos que amenazan su sostenibilidad”, señala el informe. El IMLEB alertó que el recorte del 32.5% al presupuesto del CFCRL en 2025 podría “revertir seis años de transformación en el mundo del trabajo”, generando inestabilidad laboral y falta de supervisión. Uno de los casos más representativos, según el IMLEB, ocurrió en la planta Yazaki en León, Guanajuato, donde se detectaron intimidaciones, compra de votos y desinformación durante el proceso de legitimación sindical. A pesar de las denuncias, las autoridades mexicanas validaron la elección. El informe advierte que la violencia, amenazas y despidos contra trabajadores que ejercen su derecho de libre asociación persisten en distintos sectores, mientras no existen sanciones efectivas por parte del gobierno. “El CFCRL no cuenta con facultades sancionadoras, lo que debilita la aplicación de la ley y el cumplimiento del T-MEC”, subraya el documento.