NOVIEMBRE 21, 2025. POOJA SALHOTRA PARA THE NEW YORK TIMES.
La ciudad fronteriza de Laredo, Texas, vive un momento de fuerte tensión política ante la decisión del gobierno de Donald Trump, en su segundo mandato, de reactivar y ampliar la construcción del muro fronterizo, un proyecto que históricamente ha enfrentado la oposición local. A pesar de la resistencia ciudadana —ambientalistas, propietarios, activistas y sectores empresariales—, la administración federal, respaldada por un Congreso alineado y un gobierno estatal conservador, avanza con financiamiento récord y herramientas legales extraordinarias para acelerar la obra.
El alcalde Víctor Treviño, demócrata y médico de profesión, queda políticamente atrapado entre dos fuerzas:
Una comunidad que exige enfrentar al gobierno federal, y
Una Casa Blanca decidida y dispuesta a ejercer presión económica y legal para imponerse, incluso castigando políticamente a zonas demócratas, como ocurrió durante el reciente cierre del gobierno.
Treviño adopta una postura pragmática —que muchos vecinos ven como claudicación— al afirmar que el muro se construirá “funcione o no” y que lo prudente es negociar, buscando al menos influir en el diseño, ubicación y tipo de barrera. Esta estrategia, que incluye contratar abogados externos y formar un comité asesor, refleja una lectura política: oponerse frontalmente podría derivar en expropiaciones forzosas, sanciones o pérdida de recursos federales.
El nuevo impulso al muro está respaldado por 46,500 millones de dólares, una cifra sin precedentes, y por la suspensión de más de 30 leyes federales para permitir una construcción acelerada. La medida se produce justo cuando las cifras de cruces ilegales en la zona han caído drásticamente; aun así, la Casa Blanca argumenta que se trata de “revertir la política migratoria pro-ilegal de Biden”.
En el plano electoral, el sur de Texas —tradicionalmente demócrata y mayoritariamente hispano— ha dado giros significativos hacia Trump, quien ganó los condados de Zapata y Webb en 2024. Para los republicanos locales, el muro simboliza esa nueva orientación política. Para sus críticos, en cambio, representa la imposición de una agenda ajena al tejido social y económico de la región, profundamente ligado a México.
El muro también reabre viejas heridas legales y comunitarias: amenaza propiedades privadas, proyectos ambientales y hasta zonas financiadas por programas federales. Sin embargo, el poder político federal supera ampliamente la capacidad local de resistencia, dejando a Laredo frente a una dinámica de “David contra Goliat”, como describen los ambientalistas.
En suma, el artículo retrata cómo el muro fronterizo operó —y sigue operando— no solo como una infraestructura física, sino como un instrumento político mediante el cual el gobierno federal presiona, castiga, negocia y redefine lealtades electorales en una región estratégica y simbólica para ambos países.
Mundo oaxaca 
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