Mundo oaxaca

NOVIEMBRE 26, 2025. MARCO RUIZ PARA INFONABE.

Raúl Rocha Cantú, propietario del 50 por ciento de las acciones del certamen Miss Universo, figura en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado. El empresario mexicano se incorporó recientemente al programa de testigos protegidos de la FGR, tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra. La información fue publicada por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de X, antes Twitter, donde detalló que “el dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco”. De acuerdo con el periódico El Reforma y sus fuentes federales consultadas, la investigación en contra de Rocha Cantú desembocó en la emisión de la causa penal número 495/2025 el 15 de noviembre del presente año -2025-, enfocada en delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico ilegal de hidrocarburos. Cuatro días después, el 19 de noviembre, la FGR formalizó la condición de Rocha Cantú como testigo colaborador, una figura legal que implica prestar información relevante sobre operaciones criminales a cambio de beneficios procesales. La indagatoria sostiene que la red dirigida por Rocha Cantú implementó esquemas sistemáticos de robo y tráfico de combustible desde Guatemala para abastecer organizaciones criminales mexicanas y facilitó el suministro de armas de fuego a cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz. De acuerdo con lo compartido por el periodista, la FGR detalló que la organización bajo la titularidad de Rocha Cantú operaba a través de centros logísticos localizados en Querétaro. La bodega “La Espuela”, ubicada dentro del complejo Ferropolymers, recibía carro-tanques con combustible de origen ilícito o proveniente de Guatemala, que era mezclado con aditivos como MTBE y nafta en otro centro conocido como “El Patio” para mejorar la presentación y calidad del producto final. El combustible distribuido terminaba en firmas como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA. Las facturas se emitían a través de empresas fachada, incluyendo Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH. En cuanto al tráfico de armas, la investigación de la FGR y la Secretaría de Seguridad identificó empresas de seguridad privada empleadas para adquirir, transportar y rematricular armas de fuego de manera ilegal. Compañías como SEGURIMEX, S.A.P.I. de C.V., SETER, S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V. y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V. formaban parte de la estructura. Estas empresas intercambiaban armamento entre sí con la colaboración de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).