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SEPTIEMBRE 2°, 2026. LISBETH MEJÍA REYES EL IMPARCIAL OAXACA.
El artículo documenta que la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), mecanismo ciudadano previsto en el T-MEC, admitió a trámite una petición que obliga al gobierno mexicano a responder formalmente por los presuntos daños ambientales derivados de los derrames de hidrocarburos en la refinería de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, donde se han registrado al menos 65 fugas o derrames desde 2022 hasta el 28 de julio, según registros municipales citados en el reportaje; la petición fue presentada el 22 de junio por Aníbal Carrasco Sánchez, extrabajador de Pemex, quien denunció daños a playas, lagunas y esteros aledaños a la refinería, además de haber sufrido represalias internas al levantar estas alertas entre 2019 y 2022, señalando que las autoridades ignoraron sus quejas pese a que, según su denuncia, la contaminación ha derivado en muertes; tras una reformulación presentada el 23 de julio, la CCA determinó el 21 de agosto que la petición cumple los criterios para ser procesada, por lo que el gobierno de México —involucrando a Pemex, la Fiscalía General de la República y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)— tiene como plazo el 22 de octubre de 2026 para presentar su respuesta ante el organismo trilateral. (Lisbeth Mejía Reyes, El Imparcial de Oaxaca, 02.09.2026).






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