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OCTUBRE 9°, 2026. LISBETH MEJÍA REYES EL IMPARCIAL OAXACA.
Tras el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio, diversos comunicadores de Oaxaca han denunciado ataques e intimidaciones, incluso por parte de policías municipales, ante la inacción de las autoridades y de los mecanismos de protección, mientras que la familia de Leyva señala que, a dos meses y medio del crimen, no hay avances en la investigación atraída por la FGR. Entre los casos más recientes está el del columnista Horacio Corro, quien acusó a policías municipales de Oaxaca de Juárez de acudir a su domicilio y permitir que terceros forzaran sus ventanas para grabarlo, sin que la Guardia Nacional ni el 911 respondieran a sus llamadas; la Secretaría de Seguridad Vecinal argumentó que atendía una situación entre particulares. Además, Óscar Rodríguez, corresponsal de Milenio, denunció ante la FGEO y la FGR amenazas y agresiones de funcionarios de los Servicios de Salud de Oaxaca; el 4 de septiembre, un grupo de reporteros fue amenazado por taxistas foráneos que protestaban en la Semovi, quienes aludieron al homicidio de Leyva; Ernesto Rojas Ayuso responsabilizó al gobierno estatal de lo que pudiera ocurrirle, y Juan Carlos Zavala, corresponsal de El Universal, presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca contra el consejero jurídico estatal, Geovany Vásquez Sagrero, por intimidación y acoso tras publicar un trabajo sobre presuntos despojos en el Instituto de la Función Registral (Lisbeth Mejía Reyes, El Imparcial de Oaxaca, 9 de octubre de 2026).





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