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OCTUBRE 27, 2026. REDACCIÓN EL IMPARCIAL OAXACA.

La Cámara de Diputados aprobó aplazar al 1 de julio de 2031 la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y el dictamen pasó al Senado, donde no se esperan cambios importantes. El magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación del Código en Oaxaca, explicó que la justificación es que los poderes judiciales estatales no están listos por sus escasos avances en infraestructura, tecnología y capacitación. Criticó que se optara por la “salida más fácil” de volver a aplazar una reforma que se originó en 2017. También cuestionó que el dictamen condicione los recursos para el Código a no afectar los programas sociales del gobierno federal, sugirió reorientar parte del costoso gasto de la elección judicial a atender la precariedad de los poderes judiciales estatales y lamentó que se descartara un mecanismo de certificación para garantizar condiciones mínimas de operación. Sin ello, advirtió, el aplazamiento será “una bomba de tiempo”. Como alternativas para Oaxaca propuso una implementación gradual, habilitar a los notarios para descongestionar los juzgados y reforzar los mecanismos alternativos de solución de controversias, los facilitadores comunitarios y la justicia digital. Subrayó que los más afectados serán niñas, niños y adolescentes en conflictos familiares judicializados, que tendrán que esperar hasta 14 años desde la reforma constitucional por una justicia más rápida (Redacción, El Imparcial de Oaxaca, 27 de octubre de 2026).